LEY DE LA DEPENDENCIA

LEY DE LA DEPENDENCIA

La ley fue presentada el 5 de Marzo de 2006 por el ex-presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Tras sufrir diversos cambios, en la anterior reforma de la ley en 2010, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez estima sobre el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia aseguró: “Hay que tener en cuenta que en dos años y medio hemos recibido cerca de un millón de peticiones de personas que pudieran tener el derecho a recibir algún tipo de prestación y de ellas, se han evaluado más de 800.000 y de esas, se ha reconocido el derecho a 700.000". (De los cuales había 1.500 cuidadores no profesionales remunerados por la seguridad social). El Estado aporta el mismo dinero que las Comunidades Autónomas y los ciudadanos aportan el 35% en impuestos dependiendo de la renta. (Desde el 2007 a 2009 se incrementó el gasto en dependencia casi 1.900 millones más, de 400m a 2.051m. respectivamente)

Una persona se encuentra en situación de dependencia cuando por razones derivadas de edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. La Ley establece dos tipos en cada uno de los tres grados para ser considerar a una persona la ley de dependencia:

Grado I. Dependencia moderada: 

Grado II. Dependencia severa: 

Grado III. Gran dependencia:

En 2011, el Gobierno de Zapatero se vio obligado a reducir el déficit por presiones de Europa, ya que pedían recortes para equilibrar, pero Zapatero lo cumple indirectamente, retrasando la entrada en vigor de nuevos beneficiarios. En Noviembre de dicho año, el PP entra con Mariano Rajoy a la cabeza, ajustando la ley de dependencia revisando el baremo y las prestaciones económicas. Por ende, se reducen las plazas para el derecho a dependencia y las personas que los reciben ven reducido su presupuesto y su entorno casi eliminado. Cada vez más los valoradores de       dependencia evalúan a los pacientes muy por debajo del nivel de dependencia que realmente tiene para ahorrar en gastos a familias. Por lo que en algunos casos tiene que ser el Tribunal Supremo quien decida, llegando a amonestar a la Comunidad pagando mensualidades atrasadas. 

La ley de dependencia establece requisitos para otros colectivos de personas (personas que carezcan de la nacionalidad española, menores de edad, etc.) Para las personas de la tercera edad, (uno de los colectivos más afectados) que necesiten disfrutar de los derechos que ofrece la ley, deben cumplir unos requisitos mínimos: 

    -Ser español.

    -Encontrarse en situación de dependencia de los grados establecidos en la propia ley.

    -Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Ley pretende ser universal y dar prioridad a la tele asistencia, atención residencial, (para personas mayores en situación o no de dependencia y es donde más se está recortando económicamente), la ayuda a domicilio y los centros de día (para mayores, para menores de 65 años, centro de noche y de atención especializada), siendo excepcional el pago de un sueldo al cuidador familiar, una vez se haya dado de alta en la Seguridad Social. Resalto aquí una vez más, nuestra labor de educador social. Demostrando que el desarrollo de nuestro trabajo es necesario para un ámbito tan necesario, a la par que reivindico nuestra ampliación en el marco profesional, dando lugar a nuevos puestos de trabajo, tanto de prevención (para retrasar situaciones de dependencia), como de intervención directa con el problema (desde una perspectiva integral). Se debería optar por Programas de Promoción de la Salud, dirigidos a la población en general y de forma específica a aquellas personas en riesgo de situación de dependencia. Habría que tener muy en cuenta los derechos de las personas dependientes, el entorno familiar y social que le rodea. Otra vía de escape, sería la contratación de personas con discapacidad, dado que cada vez son más los que gozan dicha oportunidad.

Existe una Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD), está formada por personas en situación de dependencia y lo que implica (familia, cuidadores…), así como por asociaciones, colectivos, sindicatos y ciudadanos, de forma voluntaria y no remunerada. La Coordinadora tiene como misión trabajar en defensa de la aplicación de la ley en todo el territorio español, manifestando y reivindicando  el Estado de Bienestar y la defensa de los derechos de los más necesarios.