LEY DE LA DEPENDENCIA
La ley fue presentada el 5 de Marzo de 2006 por el ex-presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Tras sufrir diversos cambios, en la
anterior reforma de la ley en 2010, la ministra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez estima sobre el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia
aseguró: “Hay que tener en cuenta que en dos años y medio hemos recibido cerca
de un millón de peticiones de personas que pudieran tener el derecho a recibir
algún tipo de prestación y de ellas, se han evaluado más de 800.000 y de esas,
se ha reconocido el derecho a 700.000". (De los cuales había 1.500
cuidadores no profesionales remunerados por la seguridad social). El
Estado aporta el mismo dinero que las Comunidades Autónomas y los ciudadanos
aportan el 35% en impuestos dependiendo de la renta. (Desde el 2007 a 2009 se
incrementó el gasto en dependencia casi 1.900 millones más, de 400m a 2.051m.
respectivamente)
Una persona se encuentra en situación de dependencia cuando
por razones derivadas de edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta
o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan
de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades
básicas de la vida diaria. La Ley establece dos tipos en cada uno de los tres
grados para ser considerar a una persona la ley de dependencia:
Grado I. Dependencia moderada:
Grado II. Dependencia severa:
Grado III. Gran dependencia:
En 2011, el Gobierno de Zapatero se vio obligado a reducir
el déficit por presiones de Europa, ya que pedían recortes para
equilibrar, pero Zapatero lo cumple indirectamente, retrasando la entrada en
vigor de nuevos beneficiarios. En Noviembre de dicho año, el PP entra con
Mariano Rajoy a la cabeza, ajustando la ley de dependencia revisando el baremo
y las prestaciones económicas. Por ende, se reducen las plazas para el derecho
a dependencia y las personas que los reciben ven reducido su presupuesto y su
entorno casi eliminado. Cada vez más los valoradores de dependencia evalúan a los
pacientes muy por debajo del nivel de dependencia que realmente tiene para
ahorrar en gastos a familias. Por lo que en algunos casos tiene que ser el
Tribunal Supremo quien decida, llegando a amonestar a la Comunidad pagando
mensualidades atrasadas.
La ley de dependencia establece requisitos para otros
colectivos de personas (personas que carezcan de la nacionalidad española,
menores de edad, etc.) Para las personas de la tercera edad, (uno de los
colectivos más afectados) que necesiten disfrutar de los derechos que ofrece la
ley, deben cumplir unos requisitos mínimos:
-Ser español.
-Encontrarse en
situación de dependencia de los grados establecidos en la propia ley.
-Residir
en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud.
Ley pretende ser universal y dar
prioridad a la tele asistencia, atención residencial, (para personas mayores en
situación o no de dependencia y es donde más se está recortando
económicamente), la ayuda a domicilio y los centros de día (para mayores, para
menores de 65 años, centro de noche y de atención especializada), siendo
excepcional el pago de un sueldo al cuidador familiar, una vez se haya dado de
alta en la Seguridad Social. Resalto aquí una vez más, nuestra labor de
educador social. Demostrando que el desarrollo de nuestro trabajo es
necesario para un ámbito tan necesario, a la par que reivindico nuestra
ampliación en el marco profesional, dando lugar a nuevos puestos de trabajo,
tanto de prevención (para retrasar situaciones de dependencia), como de
intervención directa con el problema (desde una perspectiva integral). Se
debería optar por Programas de Promoción de la Salud, dirigidos a la
población en general y de forma específica a aquellas personas en riesgo de
situación de dependencia. Habría que tener muy en cuenta los derechos de las
personas dependientes, el entorno familiar y social que le rodea. Otra vía de
escape, sería la contratación de personas con discapacidad, dado que cada vez
son más los que gozan dicha oportunidad.
Existe una Coordinadora Estatal
de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD), está formada por
personas en situación de dependencia y lo que implica (familia, cuidadores…),
así como por asociaciones, colectivos, sindicatos y ciudadanos, de forma voluntaria
y no remunerada. La Coordinadora tiene como misión trabajar en defensa de la
aplicación de la ley en todo el territorio español, manifestando y
reivindicando el Estado de Bienestar y la defensa de los derechos de los
más necesarios.